Chetumal, Q. Roo — La congruencia en política no es un lujo, es una obligación. Pero en el caso de Lidia Rojas Fabro, regidora y presidenta de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el discurso que presume dista mucho de sus acciones reales.
Durante el proceso electoral de 2022, fue señalada por nepotismo, al colocar como primera posición plurinominal a su suegro, Carlos Cardín Pérez, y ella en la segunda. Ambas candidaturas por Movimiento Ciudadano, partido del cual era coordinadora estatal. ¿Lucha por la transparencia o acomodo familiar?
Hoy, desde el Cabildo, se proyecta como crítica del sistema. Pero en realidad, ha sido una colaboradora silenciosa de los mismos intereses que dice combatir. Fuentes internas confirman que negoció una compensación mensual de más de $121,000 pesos a cambio de no presentar denuncias legales contra el municipio, aunque tiene la formación y el cargo para hacerlo. El trato fue simple: criticar sin actuar, hablar sin denunciar.
Pero ahí no termina. Su pareja, Moisés Cardín Silva, fue colocado como asesor con un sueldo de $46,753 pesos mensuales, desplazando a personas que la respaldaron desde campaña. ¿Eso es ética política o pago por lealtades privadas?
No ha hecho pública su declaración patrimonial, ni ha transparentado los ingresos reales que percibe. ¿Por qué? Bastaría con revisar lo que reporta al SAT y lo que recibe en compensaciones y favores políticos para evidenciar las incongruencias.
Ahora, molesta porque no logró la asignación directa de obra pública a favor de las empresas de su familia. Pretendía beneficiar a la constructora EF & AS Construcciones, Señalamientos y Obras S. de R.L. de C.V., representada por su cuñado el Ing. Amberes del Jesús Ávila Soto, y también a GDK Arquitectura Construcción, donde trabaja su otro cuñado Keisman Soberanis. Todo bajo el operador de su padre, Ricardo Rojas Guerrero, verdadero económico en las sombras.
Cuando se le negó la adjudicación directa y se le pidió participar como cualquier empresa en licitaciones abiertas del 2024, respondió con presión política disfrazada de fiscalización.
¿Puede hablar de ética quien calla por conveniencia?
¿Puede exigir transparencia quien manipula desde las sombras?
Chetumal no necesita simulaciones. Necesita representantes con principios, no títeres de intereses familiares.
